¿Presos políticos Mapuches? El Mapuche solo quiere que no roben más sus tierras ancestrales

Mientras la excarcelación de los presos políticos (o de conciencia) cubanos está presente desde hace meses en las portadas de la prensa mundial -y con justa razón-, otros disidentes políticos, ubicados mucho más al sur de nuestro continente, pasan inadvertidos a los ojos del orbe. Sufriendo iguales o peores condiciones carcelarias, humanitarias y procesales. Es el caso de los presos políticos del principal y más aguerrido pueblo originario de Chile, el mapuche, y el conflicto que arrastra varios siglos con el Estado chileno, y se traduce en una férrea militarización en la zona que reclaman como territorios ancestrales, y del que históricamente han sido despojados.

A la loable y publicitada huelga de hambre que mantuvo el fallecido disidente cubano Orlando Zapata, la que finalmente le costó la vida tras 85 días, se sumó la misma medida de fuerza por parte del periodista opositor Guillermo “Coco” Fariñas que, tras 134 días sin comer ni beber líquido, vio finalizada su huelga luego del anuncio de excarcelación de 52 presos políticos por parte del Gobierno castrista, ante la mediación de la Iglesia Católica y el canciller español Miguel Ángel Moratinos.

Este hecho, bienvenido por el mundo y aún en desarrollo, se contrapone a la realidad que viven nada menos que 106 presos mapuches, según el último informe de la Comisión Ética Contra la Tortura (23 de junio), y que supone casi el doble de los encarcelados y procesados que había el año pasado.

Actualmente existen cerca de 60 presos políticos mapuches cumpliendo condena (entre ellos dos mujeres y dos menores de edad), disgregados en cárceles ubicadas en Concepción, Lebu, Los Ángeles, Cañete, Angol, Victoria, Traiguén, el centro de reclusión de menores de Cholchol, Temuco y Valdivia. Al sumarles los procesados con medidas cautelares, la cifra se eleva a 106, según la mencionada Comisión Ética Contra la Tortura. La entidad ha documentado el uso de la tortura en un número importante de las detenciones practicadas.

Una quinta parte de estos prisioneros (23), inició el pasado 12 de julio una huelga de hambre líquida "hasta las últimas consecuencias" en cárceles de Concepción (El Manzano) y Temuco. Exigen garantías ante la justicia como el fin del doble procesamiento por la Justicia Militar y Civil (como es el caso de 7 presos en El Manzano); el derecho al debido proceso, sin utilización de testigos sin rostros, torturas o extorsión; la liberación de todos los presos políticos mapuches; la desmilitarización de las zonas indígenas reivindicadas; y, por supuesto, el fin de la aplicación de la Ley Antiterroristainstaurada en la dictadura.

Esta Ley implica la prohibición de acceso a la investigación para los abogados defensores, el uso de testigos con identidad protegida y prisión preventiva por hasta dos años para los acusados. Bajo esterégimen se encuentra la totalidad de los presos mapuches en huelga (15 en El Manzano y 8 en Temuco), algunos desde hace más de un año y medio.

"La postura del Gobierno central ha sido de completo apoyo (a los presos políticos de Cuba). No se dan cuenta del problema interno que están creando. Es un doble estándar", dijo María Tralcal, esposa de uno de los reos mapuches.

En tanto, una huelga de hambre igual de extensa y con casi nulo impacto mediático en el resto del mundo fue la realizada por Patricia Troncoso -“La Chepa”- quien estuvo más de 110 días sin comer ni beber líquido y, pese a ser sobreseída en 2 ocasiones, fue finalmente sentenciada a 10 años de cárcel en Angol por incendiar fardos de un predio agrícola privado. Acto que para la antojadiza ley es una acción “terrorista”, aunque para casos similares, como la quema de buses de parte de contratistas mineros en huelga o estudiantes lanzando bombas molotov, no se utiliza la figura de “incendio terrorista”, que triplica las penas, lo que es a todas luces un “caso de discriminación” hacia los mapuches, según asegura el periodista y analista internacional Raúl Sohr.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya condenó al Estado chileno por la utilización de la Justicia Militar contra indígenas, en el caso conocido como “Palamara”. A su vez, Naciones Unidas ha representado al Gobierno chileno en varias oportunidades la inconveniencia de aplicar la legislación antiterrorista a la lucha social, a través de los relatores especiales para causas humanitarias indígenas, Rodolfo Stavenhagen y James Anaya.

Asimismo, José Venturelli, profesor emérito de la Universidad de McMaster de Canadá y Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contrala Tortura, asegura que las actuales demandas de los presos mapuches “están en perfecta sintonía con recomendaciones de la ONU al gobierno de Chile” (CCT, CEDR, Convenio 169 de la OIT). “El gobierno, a todos sus niveles, debe tomar conciencia de que son sus acciones abusivas, reñidas con la justicia, la base del problema. La lucha del pueblo mapuche no es ni terrorista ni criminal. Los explosivos que se encuentran los ponen las “las fuerzas del orden” en sus montajes. Las armas son monopolio del Estado y, como ya lo sabemos, los muertos, heridos y agredidos son monopolio Mapuche”.

Los gobiernos democráticos de la coalición de ‘centro-izquierda’ son los que han aplicado una ley concebida en dictadura para procesar y condenar a dirigentes mapuches, ejerciendo una política discriminadora por parte del Ministerio Público y el gobierno, a juicio de Sohr.

Peor aún, Carabineros de Chile ya ha dado muerte en enfrentamientos a 3 comuneros mapuches entre el 2001 y 2009 (Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío) producto de disparos y otros por la espalda -caso de Catrileo- y ninguno de los uniformados ha sido condenado por ello, cumpliendo sólo con firmas quincenales o medidas cautelares ante la Justicia.

Al sopesar toda esta cruda realidad de diferenciación y discriminación política, judicial y policial es que surgen varias interrogantes. ¿Los políticos chilenos no miran en su propia casa antes de juzgar o aplaudir excarcelaciones de presos políticos en el exterior, por muy bienvenidas que éstas sean? ¿O es que por ser demandas indígenas carecen de plenos derechos humanitarios? El centenario conflicto chileno-mapuche no da para dobles lecturas.

El Comité Cinco de Octubre informa:
El día 21 de Julio se llevó a cabo una protesta frente a la embajada de Chile en Estocolmo,Suecia. Protesta enmarcada en el apoyo que organizaciones sociales locales brindan a los Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre allá en el sur.

Alrededor de 60 manifestantes estuvieron por espacio de 2 horas en la esquina Miguel Enríquez
enarbolando pancartas, gritando consignas y demostrando su apoyo al pueblo Mapuche en lucha. En la embajada fue entregada una nota de protesta y se establecio un contacto directo con Radio Bio Bio.

Un vídeo de la manifestación se encuentra disponible en la red para quien lo quiera ver:

http://www.youtube.com/watch?v=Gg5ExiX-C1o

El comité Cinco de Octubre envía su saludo solidario a los compañeros en Huelga de Hambre, convecidos de que esta pequeña acción traspasara los muros de las masmorras y nuestros hermanos sentiran el apoyo que les enviamos desde este ricon lejano del planeta.

Nehuen Lamgen
Nehuen Peñi


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